El curso político en las administraciones provincial, local y autonómica arranca al tran-tran de la inmovilidad del Gobierno nacional. Aunque todos sus líderes, en el momento de tomar posesión, hicieron gala de su afán de diálogo y colaboración, la actividad, en general, acaba lastrada por ese «Día de la Marmota» que parece haberse asentado en Madrid. No deja de suponer un ejercicio casi de cinismo que todos los discursos de los mandatarios que, merced a pactos en la mayoría de los casos, han podido aceptar oficialmente su cargo, esgriman, en la teoría, armas básicas de la democracia, indispensables para lograr el bien común de la sociedad, cuando sus jefes en la capital española parecen estar más por deshacer que construir, en un momento en que los gurús económicos auguran la proximidad de una nueva crisis económica.

En este escenario, mal pintan las cosas para provincias como Zamora, donde las elecciones y sus posteriores pactos entre partidos han deparado un escenario inédito: el Ayuntamiento de la capital, con mayoría absoluta de una fuerza política sin apenas repercusión nacional, Izquierda Unida, mandato del PSOE en Benavente con IU y situación surrealista en Toro con mayoría absoluta teórica de los socialistas y un alcalde excluido del grupo en la Diputación. La institución provincial, tras años de hegemonía popular, está ahora regida por el único diputado de Ciudadanos, con apoyo de 12 escaños del PP y la Junta, también gobernada en Valladolid con acuerdo de estos dos partidos, cuenta desde esta semana con una delegada territorial, una política veterana que conoce bien el resto de administraciones, incluida la central. Ha sido Clara San Damián la última, por cuestión cronológica, que en su discurso ha apelado al diálogo, el mantra repetido una y otra vez en la investidura del presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco, así como eje central de la declaración de intenciones tanto de Francisco Guarido en el Ayuntamiento de la capital como de Francisco Requejo en la Diputación.

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