Los colectivos que batallan contra el vaciamiento de los pueblos han girado la mirada esta semana hacia Castilla-La Mancha. Allí, el Ejecutivo regional ha dado el impulso definitivo a su anteproyecto de ley contra la despoblación, una normativa que incluirá, entre otros aspectos, medidas de política fiscal para facilitar que las familias vivan en los territorios más castigados. Ese apoyo irá destinado a las personas que residan en las zonas de mayor riesgo de desaparición, y también a las empresas que se radiquen en estos lugares, mediante desgravaciones de los impuestos que dependan de la comunidad.

La cuestión ha generado debate en el seno de las distintas organizaciones de otros territorios como Zamora, donde se miran los ejemplos ajenos con la esperanza de que sirvan para paliar la problemática propia. “Tiene buena pinta”, señaló el portavoz de la Coordinadora Rural, José María Mezquita, que se mostró favorable a la implantación de las medidas relacionadas con la fiscalidad, pero que fue muy claro con la necesidad de actuar ya: “Hay que pasar de las leyes a la realidad”, advirtió.

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