Esa obsesión por interpretar cualquier gesto en clave electoral ha sumido a los políticos en una parálisis de la que sus votantes son sus principales víctimas.

La recuperación del campamento militar de Monte la Reina se ha convertido ya en un símbolo de la lucha contra la despoblación en una Zamora agónica en lo demográfico y en lo laboral. Sin embargo, acostumbrados a la tradicional resignación ante la evaporación de iniciativas de futuro, pocos contaban con un golpe de efecto como el protagonizado por Caja Rural esta semana. Los directivos de la entidad han defendido con ardor el proyecto en todos los foros, incluido el organizado justo hace un año por este periódico, donde el director general Cipriano García, lo reivindicó en presencia de la vicepresidenta y ministra responsable del Reto Demográfico, Teresa Ribera. Mucho ha llovido desde entonces y, por lo que se refiere a la despoblación, poco ha escampado.

En medio de la pandemia sanitaria y económica, el proyecto ha quedado aparcado salvo como pretexto de polémica entre partidos e instituciones de distinto signo tras el jarro de agua fría de los 350.000 euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado. Caja Rural ya avisó con el millón de euros ofrecido para el proyecto preliminar. Ahora ha lanzado todo un órdago, respaldada por los empresarios reunidos en la asociación Zamora 10, comprometiéndose a aportar la totalidad del proyecto, cifrado en su día en unos 85 millones de euros, a coste financiero cero, para adelantar las partidas ahora inexistentes que pongan en pie la rehabilitación de las instalaciones y, con ellas, la llegada del millar de militares y sus familias. En el siglo XI eran los propios reyes los que, por decreto, imponían las repoblaciones que beneficiaron a Zamora en aquellos tiempos también afectada por la emigración, el hambre y las guerras que habían expulsado a sus habitantes.

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